Regular por ley el consumo de alcohol entre los menores es una de las grandes asignaturas pendientes en España que brinca de legislatura en legislatura sin ser aprobada. El discute está de nuevo ahora vivo en el Senado, en el enésimo intento por fijar una regla estatal con una realidad –la de los atracones de alcohol en concentraciones callejeras– de la que poquísimos menores y adolescentes escapan. El primordial inconveniente brota cuando hay que convenir medidas represivas, que van desde la prohibición por ley de los botellones en todo el país (una posibilidad prevista en el presente discute) hasta la imposición de multas o bien condenas de trabajos en beneficio de la comunidad a los menores sorprendidos be­biendo en la calle.

Los padres y cuidadores, deben inculcar a los niños y adolescentes de los peligros de los excesos del consumo de alcohol y bebidas espirituosas.

 

En los últimos tiempos se han lanzado muchas propuestas, que al final no han pasado de ser globos sonda, sobre lo que debería regular esta ley. Ciertas de esas ideas toman como referencia normativas autonómicas o bien ordenanzas municipales que en la mayor parte de los casos no han dado los frutos deseados. Uno de los ejemplos más claros afecta al apartado de las multas. La experiencia ya ha probado que imponer sanciones de quinientos o bien seiscientos euros a un menor por tomar en la calle no semeja ser la solución. La mayor parte carece de recursos para abonar esas sanciones y además de esto en ciertas urbes como la capital de España la mayor parte de estas multas, aplicadas desde una regla autonómica, son archivadas de manera sistemática por los jueces. Estiman que el procedimiento no es garantista, puesto que se fundamenta solo en la versión del agente que asegura haber visto como el infractor tomaba en la calle, sin aportar ninguna otra prueba. Es tal y como si se condenara a un conductor por circular ebrio sin hacer la prueba de alcoholemia, a partir solamente de la versión de un agente.

 

El joven multado por tomar en la calle no comprende qué ha hecho mal, al meditar que solo repite lo que ve día tras día

 

La multa para prevenir el consumo de alcohol entre los menores no semeja ser, en consecuencia, la opción mejor. Y no solo por la contestación que han dado los jueces a la política basada en el talonario de sanciones. “El menor que recibe esa multa por tomar en la calle no termina de entender dónde se encuentra el inconveniente, puesto que le están castigando por una conducta que ve en su casa, en las puertas de bares frecuentados por adultos o bien en las celebraciones familiares”, asevera Jaume Funes, sicólogo, educador y especialista en el planeta de los adolescentes.

 

Aseveración que comparte Francisco Javier García-Castilla, sociólogo, trabajador social y enseñante en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. “La vía punitiva, por sí misma, jamás va a valer para solventar este inconveniente. Esas multas, caso de que la ley pendiente de aprobar las incluyese, deben ir acompañadas de otras medidas que hagan comprender, por poner un ejemplo, a ese menor los peligros de su conducta o bien las molestias que conllevan esas concentraciones”. Ignacio Calderón, vicepresidente de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), lo tiene asimismo muy claro: “La nueva ley debe ser más precautoria que represiva”, asevera.

 

Los 3 especialistas coinciden, además, en que otra de las propuestas discutidas en el discute sobre esta ley –la de prohibir a escala estatal el botellón– no sería tampoco la solución. “Primero sería realmente difícil determinar que es un botellón o bien una simple concentración de adolescentes en un espacio público”, apunta Jaume Funes. García-Castilla considera, por su lado, “imposible quitar de un plumazo algo que no deja de ser un reflejo de nuestra sociedad (las asambleas y encuentros con alcohol) si ya antes no se modificaran muchas cosas, como ofrecer a esos adolescentes opciones alternativas de ocio para poder relacionarse entre ellos y desarrollarse como tales”. Calderón tampoco termina de ver clara la eficiencia de esa propuesta, que cree debería limitarse a situaciones muy específicas, “como los macrobotellones anunciados anticipadamente y que reúnen a miles y miles de personas”.

 

Obligar a un trabajo en beneficio de la comunidad solo es eficaz si el daño se ha ocasionado en la ingesta

 

En el discute sobre esta ley para regular el consumo de alcohol entre los menores hay otra propuesta que siempre y en toda circunstancia está sobre la mesa. Es la del castigo a los infractores con trabajos en beneficio de la comunidad. Y como pasa con las multas, los especialistas consultados, vuelven a coincidir. Mantienen que esa medida sirve de poco si su aplicación no pasa de ser una contestación mecánica, como sucede ahora con las multas.

 

“El trabajo en beneficio de la comunidad solo está justificado si ese castigo tiene una relación directa con la conducta de ese menor a lo largo de la ingesta de cerveza, ginebra, ron, tequila y otros alcoholes. Esto es, si mientras que ha durado ese botellón se ha destrozado una parte de un parque, sí tendría sentido que el adolescente fuera obligado a arreglar esos daños. De este modo tendría consciencia del daño social ocasionado. Es un castigo más moralizante y que va mucho alén de la multa por el mero hecho de tomar alcohol”, agrega Jaume Funes. Francisco Javier García-Castilla opina lo mismo: “Un castigo de reparación, en estos casos, deben estar siempre y en todo momento relacionado con lo que se ha destruido”.

 

Ignacio Calderón reconoce que atajar estas conductas entre los adolescentes –que pasan, asegura el vicepresidente de la FAD, una cara factura a miles y miles de menores por consumos muy exagerados de alcohol– es singularmente complicado en un “país que vive en la calle, al que le agrada la celebración y que recurre en general al alcohol para cualquier celebración”. Con lo que la única ­receta válida para solventar el inconveniente hay que procurarla en la educación.

 

“El botellón, cuya finalidad es el consumo de alcohol en conjunto, establece una representación social de valores y actitudes que enlaza con la idea de que el consumo de alcohol está extendido en nuestra sociedad y admitido culturalmente”, asevera Francisco Javier García-Castilla, sociólogo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y trabajador social.

 

Las concentraciones en parques y calles de adolescentes con sus particulares cargamentos de alcohol “son un efecto evolutivo en la práctica del ocio, en el que los jóvenes y los adolescentes semejan huir en determinados instantes de las variables: costo, control y localización en un espacio cerrado”, agrega este estudioso especialista en temas de adolescencia. “Quieren supervisar su tiempo –continúa– y decidir con libertad el espacio de ocio en el que reunirse y qué hacer en él, transformándose en una reafirmación de su y del conjunto de pertenencia”.

 

Prohibir los botellones no semeja que sirviese, mantienen especialistas en el tema, para quitarlos. Si bien sí terminaría con la adoración que muchos adolescentes tienen de lugares específicos en los que se concentran. “Durante el botellón, el sitio de asamblea tiene una esencial carga simbólica pues implica la escenificación de emociones, experiencias compartidas, la desinhibición de las relaciones cariñosas y la socialización”, agrega García-Castilla. “Pero no se debe olvidar que ese escenario asimismo puede estar asociado con el empleo y abuso del alcohol concentrado en un tiempo determinado”. Y es ahí donde deberían actuar las campañas institucionales. Romper con esa creencia, muy extendida entre los menores, de que “la diversión no es posible sin alcohol”, asevera el sicólogo Jaume Funes. Supervisarlos no es sencillo, puesto que en cuestión de minutos se movilizan de un lugar a otro mediante mensajes en las redes sociales.

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